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Vivienda

Hacia 2047: sin rezago habitacional, sin hacinamiento y con certeza jurídica.

La ciudad que soñamos en 2047

Sin rezago habitacional, sin hacinamiento y con certeza jurídica.

Para 2047, la Ciudad de México habrá logrado una política habitacional sustentada en el derecho humano a una vivienda adecuada y la eliminación del rezago, con liderazgo público, inversión privada, coordinación intergubernamental y participación social, orientada a reducir las desigualdades urbanas y garantizar condiciones dignas de habitabilidad en todo el territorio con especial énfasis en las poblaciones juveniles, los grupos de atención prioritaria y bajo un enfoque de interseccionalidad. La vivienda será entendida como parte de un hábitat sostenible, integrado a servicios, infraestructura, espacios públicos y sistemas de cuidados que fortalezcan el bienestar, el arraigo vecinal y comunitario y la justicia territorial. Estos avances serán posibles mediante la acción coordinada de las instituciones responsables de la vivienda, la planeación, el ordenamiento territorial, las alcaldías, el sector social, privado, académico y la ciudadanía. La política habitacional fortalecerá esquemas diversos de acceso, producción social de vivienda y alternativas asequibles que permitan preservar el arraigo, atender las distintas necesidades de los hogares y responder a las transformaciones demográficas de la ciudad. La planeación con enfoque socioecológico y de cuidados promoverá entornos accesibles, incluyentes y sostenibles especialmente para poblaciones históricamente excluidas. En suma, no habrá rezago habitacional, los hogares no tendrán hacinamiento y las viviendas contarán con certeza jurídica, consolidando una ciudad donde la vivienda sea un soporte del bienestar, la autonomía y el ejercicio pleno del derecho a la ciudad.

De dónde partimos

  • En la Ciudad de México, el reto habitacional requiere fortalecer las políticas públicas para ampliar el acceso a la vivienda adecuada, elevar la oferta disponible y revertir las dinámicas de exclusión inmobiliaria y fortalecer el arraigo comunitario.

  • Entre 2024 y 2026 se han materializado logros como la publicación del Bando 1 para frenar la gentrificación (INVI, 2025a); la asignación de un presupuesto histórico de 9 mil millones de pesos orientado a construir 5 mil viviendas sociales y en renta (INVI, 2025b); así como la publicación de acuerdos de facilidades de la norma 26 para ampliar la producción de vivienda asequible por parte de la iniciativa privada (Jefatura de Gobierno, 2026a).

  • Se requiere garantizar los siete atributos de la vivienda adecuada, ante un déficit de 600 mil viviendas y una pobreza habitacional del 43.3% (INEGI, 2020b; EVALÚA, 2024). Existe una brecha de asequibilidad: el costo promedio supera los 3.9 millones de pesos (SHF, 2025), mientras que el 54.3% de hogares de la Ciudad de México que planean o tienen la intención de comprar una vivienda nueva o usada estiman un costo de adquisición de hasta 700 mil pesos (INEGI, 2020b).

Objetivo

Garantizar el derecho universal a una vivienda digna, sostenible y adecuada para todas las personas que habitan la Ciudad de México, con especial atención a las juventudes y los grupos de atención prioritaria, disminuir las desigualdades desde un enfoque interseccional, contribuyendo al ejercicio pleno del Derecho a la Ciudad, a un medio ambiente sano y al bienestar colectivo. Para ello, el Estado asume la rectoría de la política de vivienda y recupera la función social del suelo, respetando las distintas formas de propiedad e impulsando un modelo de urbanismo ecosocial que articule el entorno habitacional con la sustentabilidad ambiental, la infraestructura verde y el ciclo hídrico urbano. Evitar el aumento desproporcionado del costo del suelo y fortalecer su función social La vivienda se reconoce como un espacio fundamental para la ciudad de los cuidados, cuya localización, diseño y condiciones de habitabilidad deben favorecer la inclusión, la igualdad de género, la adecuación cultural, la sostenibilidad y el acceso a bienes, servicios y oportunidades.

Introducción y estrategia general

Introducción

La vivienda digna, sostenible y adecuada es un derecho humano reconocido en la Constitución Política de la Ciudad de México (2017), como el espacio primordial para el desarrollo de la vida, el arraigo y la cohesión comunitaria. Entendida como un hábitat integral, se compone, conforme a la Organización de las Naciones Unidas, de siete atributos esenciales: seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación estratégica y adecuación cultural. Bajo el marco constitucional de la capital, este concepto define las condiciones de habitabilidad, justicia territorial y equidad de género necesarias para asegurar un entorno de bienestar colectivo, con especial atención a los grupos de atención prioritaria.

Estrategia general

Fortalecimiento y articulación de la política habitacional mediante la recuperación de la rectoría pública, de las instituciones de gobierno y la función social del suelo, integrando el desarrollo de vivienda con el ecosistema urbano y los sistemas de cuidados. Esta estrategia busca orientar el territorio y las normas hacia un modelo eco-social que vincule la infraestructura sostenible y de bienestar, así como condiciones normativas para la participación del sector privado en la construcción de vivienda asequible, con la producción social del hábitat, asegurando así, la permanencia y el arraigo de las comunidades en su entorno local en la ciudad.

La ruta, paso a paso

Tres ejes estratégicos, con acciones en cada plazo. Estrategias del plan, pp. 228-232.

1. El Derecho humano a Vivienda adecuada

Fortalecimiento de la producción habitacional pública bajo el principio de función social del suelo para garantizar la asequibilidad mediante un marco normativo y operativo entre los sectores público, social y privado, para garantizar la vivienda adecuada.

Corto plazo · 2027-2033

  • Ampliar la producción de vivienda social y asequible promoviendo la inversión pública, privada y social
  • Llevar a cabo una política de vivienda pública en renta. Priorizar el acceso a vivienda en renta para las poblaciones juveniles y fortalecer la normatividad para la prevención de desalojos ilegales.

Mediano plazo · 2034-2040

  • Impulsar programas de vivienda compartida y en arrendamiento para jóvenes cerca de centros de empleo y educación, aprovechando inmuebles restaurados y reconstruidos o edificios con daños estructurales por sismos.
  • Consolidar un sistema integral de regularización y escrituración con procesos operables entre instituciones, priorizando zonas con mayor rezago y población de menores ingresos.

Largo plazo · 2041-2047

  • Consolidar un modelo de vivienda social en arrendamiento asequible y proporcional a los ingresos de los hogares, que promueva el arraigo, evite desalojos ilegales y el desplazamiento de la población.
  • Articular un sistema de regularización ágil y simplificado de la tenencia de la tierra con cobertura metropolitana.

2. Integración de la vivienda y el espacio público al ecosistema urbano

Consolidación de barrios, colonias y unidades habitacionales habitables, sostenibles y bien conectadas a equipamientos de bienestar, mediante la reducción de vulnerabilidades e implementación de infraestructura verde y gestión hídrica.

Corto plazo · 2027-2033

  • Establecer zonas de mitigación de riesgos y ejecutar obras prioritarias de estabilización de taludes y alumbrado público en asentamientos vulnerables
  • Diseñar e instrumentar criterios técnicos y pilotos de vivienda con gestión hídrica y ecotecnias, priorizando su aplicación en desarrollos habitacionales públicos y sociales para demostrar viabilidad, ahorro de recursos y mejora de la habitabilidad

Mediano plazo · 2034-2040

  • Avanzar en la implementación de proyectos de mitigación de riesgo, control de erosión y sistemas de saneamiento alternativo en áreas naturales protegidas y de valor ambiental para aminorar la vulnerabilidad socioecológica del territorio.
  • Establecer lineamientos obligatorios de incorporación de ecotecnias y manejo integral del agua en la producción habitacional, articulados con mecanismos de verificación, financiamiento y cumplimiento normativo en proyectos nuevos y de mejoramiento

Largo plazo · 2041-2047

  • Fortalecer la sostenibilidad hídrica progresiva en el parque habitacional mediante la gestión integral del recurso hídrico y restringir de manera ordenada la expansión urbana sobre el suelo de conservación.
  • Consolidación e implementación de normatividad de gestión integral del recurso hídrico y ecotecnias obligatorias en el desarrollo de vivienda como productora de habitabilidad.

3. Producción social del hábitat orientada al arraigo vecinal y comunitario y sostenimiento de la vida

Impulso a modelos de autogestión, cooperación y producción social del hábitat con asistencia técnica, financiamiento flexible y reconocimiento jurídico permanente

Corto plazo · 2027-2033

  • Ampliación de la reserva territorial para producción de vivienda social priorizando a madres jefas de familia, jóvenes, indígenas y personas en situación de calle, e impulsar el acceso cooperativo a la vivienda así como el usufructo.
  • Ejecutar diagnósticos territoriales participativos y agendas ciudadanas para identificar necesidades de obras comunitarias, rescatando la identidad barrial y promoviendo talleres de oficios locales.

Mediano plazo · 2034-2040

  • Escalar la producción social de vivienda bajo esquemas regulados de derecho de uso y financiamiento asequible para sectores no asalariados, incorporando talleres de capacitación en regularización y derechos de propiedad.
  • Establecer mecanismos eficientes de administración vecinal y mantenimiento preventivo que articulen los entornos habitacionales con el equipamiento local básico, optimizando los recursos existentes.

Largo plazo · 2041-2047

  • Institucionalizar los modelos de vivienda comunitaria y propiedad cooperativa mediante un marco normativo sólido que prevenga desalojos y asegure el arraigo.
  • Desarrollar un esquema de planeación metropolitana que valide los procesos comunitarios de producción social y fundamente un modelo de gobernanza democrática del hábitat con corresponsabilidad social.

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