Vivienda
Hacia 2047: sin rezago habitacional, sin hacinamiento y con certeza jurídica.
Sin rezago habitacional, sin hacinamiento y con certeza jurídica.
Para 2047, la Ciudad de México habrá logrado una política habitacional sustentada en el derecho humano a una vivienda adecuada y la eliminación del rezago, con liderazgo público, inversión privada, coordinación intergubernamental y participación social, orientada a reducir las desigualdades urbanas y garantizar condiciones dignas de habitabilidad en todo el territorio con especial énfasis en las poblaciones juveniles, los grupos de atención prioritaria y bajo un enfoque de interseccionalidad. La vivienda será entendida como parte de un hábitat sostenible, integrado a servicios, infraestructura, espacios públicos y sistemas de cuidados que fortalezcan el bienestar, el arraigo vecinal y comunitario y la justicia territorial. Estos avances serán posibles mediante la acción coordinada de las instituciones responsables de la vivienda, la planeación, el ordenamiento territorial, las alcaldías, el sector social, privado, académico y la ciudadanía. La política habitacional fortalecerá esquemas diversos de acceso, producción social de vivienda y alternativas asequibles que permitan preservar el arraigo, atender las distintas necesidades de los hogares y responder a las transformaciones demográficas de la ciudad. La planeación con enfoque socioecológico y de cuidados promoverá entornos accesibles, incluyentes y sostenibles especialmente para poblaciones históricamente excluidas. En suma, no habrá rezago habitacional, los hogares no tendrán hacinamiento y las viviendas contarán con certeza jurídica, consolidando una ciudad donde la vivienda sea un soporte del bienestar, la autonomía y el ejercicio pleno del derecho a la ciudad.
De dónde partimos
En la Ciudad de México, el reto habitacional requiere fortalecer las políticas públicas para ampliar el acceso a la vivienda adecuada, elevar la oferta disponible y revertir las dinámicas de exclusión inmobiliaria y fortalecer el arraigo comunitario.
Entre 2024 y 2026 se han materializado logros como la publicación del Bando 1 para frenar la gentrificación (INVI, 2025a); la asignación de un presupuesto histórico de 9 mil millones de pesos orientado a construir 5 mil viviendas sociales y en renta (INVI, 2025b); así como la publicación de acuerdos de facilidades de la norma 26 para ampliar la producción de vivienda asequible por parte de la iniciativa privada (Jefatura de Gobierno, 2026a).
Se requiere garantizar los siete atributos de la vivienda adecuada, ante un déficit de 600 mil viviendas y una pobreza habitacional del 43.3% (INEGI, 2020b; EVALÚA, 2024). Existe una brecha de asequibilidad: el costo promedio supera los 3.9 millones de pesos (SHF, 2025), mientras que el 54.3% de hogares de la Ciudad de México que planean o tienen la intención de comprar una vivienda nueva o usada estiman un costo de adquisición de hasta 700 mil pesos (INEGI, 2020b).
El 57.9% de las personas trabajadoras carece de acceso a crédito y el 16.5% de los hogares no tiene escrituras, exigiendo nuevas opciones financieras y de regularización, especialmente frente situaciones de despojo (INEGI, 2020b; INEGI, 2024).
La distribución de las áreas verdes muestra desigualdades entre zonas centrales (más de 2.4 m²/hab) y periféricas (menos de 0.8 m²/hab) (INEGI, 2024; SAF, 2025). Al interior de las viviendas, el 28.2% padece hacinamiento, el 6.0% sufre rezago estructural y solo el 3.4% tiene menos de cinco años de antigüedad (INEGI, 2024).
En la Ciudad 3.5 millones de personas habitan en más de 11 mil Unidades Habitacionales públicas y privadas. (ADIP en PROSOC, 2024).
En contraste, frente a la escasez de vivienda asequible, se registraron 207,026 viviendas desocupadas durante el levantamiento censal (INEGI, 2020a), derivado de procesos de exclusión territorial, despojo y falta de certeza jurídica, condiciones de habitabilidad y servicios básicos.
La producción social del hábitat enfrenta barreras normativas y escasez de suelo social, del cual se disponen apenas 27.1 hectáreas en toda la ciudad (SEDATU, 2019). A esto se suma el desafío del envejecimiento poblacional y la vulnerabilidad en el mercado de alquiler por problemáticas como los desalojos ilegales y en donde el 37% de hogares con jefatura femenina carece de contrato vigente (SEDATU, 2023).
Objetivo
Garantizar el derecho universal a una vivienda digna, sostenible y adecuada para todas las personas que habitan la Ciudad de México, con especial atención a las juventudes y los grupos de atención prioritaria, disminuir las desigualdades desde un enfoque interseccional, contribuyendo al ejercicio pleno del Derecho a la Ciudad, a un medio ambiente sano y al bienestar colectivo. Para ello, el Estado asume la rectoría de la política de vivienda y recupera la función social del suelo, respetando las distintas formas de propiedad e impulsando un modelo de urbanismo ecosocial que articule el entorno habitacional con la sustentabilidad ambiental, la infraestructura verde y el ciclo hídrico urbano. Evitar el aumento desproporcionado del costo del suelo y fortalecer su función social La vivienda se reconoce como un espacio fundamental para la ciudad de los cuidados, cuya localización, diseño y condiciones de habitabilidad deben favorecer la inclusión, la igualdad de género, la adecuación cultural, la sostenibilidad y el acceso a bienes, servicios y oportunidades.
Introducción y estrategia general
Introducción
La vivienda digna, sostenible y adecuada es un derecho humano reconocido en la Constitución Política de la Ciudad de México (2017), como el espacio primordial para el desarrollo de la vida, el arraigo y la cohesión comunitaria. Entendida como un hábitat integral, se compone, conforme a la Organización de las Naciones Unidas, de siete atributos esenciales: seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación estratégica y adecuación cultural. Bajo el marco constitucional de la capital, este concepto define las condiciones de habitabilidad, justicia territorial y equidad de género necesarias para asegurar un entorno de bienestar colectivo, con especial atención a los grupos de atención prioritaria.
Estrategia general
Fortalecimiento y articulación de la política habitacional mediante la recuperación de la rectoría pública, de las instituciones de gobierno y la función social del suelo, integrando el desarrollo de vivienda con el ecosistema urbano y los sistemas de cuidados. Esta estrategia busca orientar el territorio y las normas hacia un modelo eco-social que vincule la infraestructura sostenible y de bienestar, así como condiciones normativas para la participación del sector privado en la construcción de vivienda asequible, con la producción social del hábitat, asegurando así, la permanencia y el arraigo de las comunidades en su entorno local en la ciudad.
La ruta, paso a paso
Tres ejes estratégicos, con acciones en cada plazo. Estrategias del plan, pp. 228-232.
1. El Derecho humano a Vivienda adecuada
Fortalecimiento de la producción habitacional pública bajo el principio de función social del suelo para garantizar la asequibilidad mediante un marco normativo y operativo entre los sectores público, social y privado, para garantizar la vivienda adecuada.
Corto plazo · 2027-2033
- Ampliar la producción de vivienda social y asequible promoviendo la inversión pública, privada y social
- Llevar a cabo una política de vivienda pública en renta. Priorizar el acceso a vivienda en renta para las poblaciones juveniles y fortalecer la normatividad para la prevención de desalojos ilegales.
- Simplificar los trámites administrativos de escrituración para reducir la irregularidad y otorgar certeza jurídica a las familias, particularmente frente al despojo.
- Fortalecer esquemas de propiedad colectiva y cooperativa en el marco normativo con flexibilidad de usos del suelo de función social.
- Desarrollar una política de adquisición de suelo y avanzar en la conformación de reserva territorial y el Banco de Suelo para la producción de vivienda social y asequible con certeza jurídica.
- Contar con información pública que permita generar indicadores claros sobre los 7 atributos de la vivienda adecuada para diagnóstico y evaluación territorial.
- Modernización del Registro Público de Propiedad para la digitalización de trámites y consultas con el objetivo de dar certeza jurídica a la propiedad.
- Promover mecanismos de defensa de los derechos de arrendatarios y arrendadores
- Implementar programas de asesoría legal gratuita para habitantes de comunidades y esquemas de facilidades administrativas para sectores de menores ingresos para prevenir desalojos ilegales y acciones frente al despojo.
- A partir del registro obligatorio de las estancias turísticas eventuales, coordinar acciones con el sector privado para equilibrar la oferta turística con el desarrollo habitacional local.
- Implementación de mecanismos públicos de defensa inquilinaria que permitan brindar protección a las personas arrendatarias frente a posibles abusos, garantizar los derechos de personas arrendadoras, así como medidas destinadas a impedir que los procesos judiciales de desalojo deriven en situaciones de calle.
Mediano plazo · 2034-2040
- Impulsar programas de vivienda compartida y en arrendamiento para jóvenes cerca de centros de empleo y educación, aprovechando inmuebles restaurados y reconstruidos o edificios con daños estructurales por sismos.
- Consolidar un sistema integral de regularización y escrituración con procesos operables entre instituciones, priorizando zonas con mayor rezago y población de menores ingresos.
- Implementar programas de acceso al suelo y la vivienda mediante cooperativas, propiedad colectiva y otras formas de tenencia social, incorporándolas en los instrumentos de planeación y gestión territorial.
- Consolidar un parque de vivienda pública en renta mediante la adquisición, construcción y rehabilitación de inmuebles, con mecanismos de gestión y asignación transparentes.
- Descentralizar las oficinas de atención de vivienda para facilitar la gestión comunitaria directa en el territorio, prescindiendo de esquemas burocráticos centralizados.
- Incorporar los estándares de la vivienda adecuada en los instrumentos de planeación y alternativas de financiamiento para responder a la demanda de créditos de mejoramiento, adquisición y producción de vivienda.
- Articular mecanismos de financiamiento flexible, y créditos asequibles mediante alianzas con la banca social y de desarrollo para atender a personas sin historial crediticio formal.
- Regular la densidad de plataformas digitales de hospedaje para mitigar el incremento indirecto de los costos de habitabilidad.
Largo plazo · 2041-2047
- Consolidar un modelo de vivienda social en arrendamiento asequible y proporcional a los ingresos de los hogares, que promueva el arraigo, evite desalojos ilegales y el desplazamiento de la población.
- Articular un sistema de regularización ágil y simplificado de la tenencia de la tierra con cobertura metropolitana.
- Consolidar la propiedad colectiva y cooperativa como una modalidad permanente de acceso al suelo y la vivienda, fortaleciendo la función social del suelo y ampliando las alternativas de acceso.
- Institucionalizar un sistema permanente de vivienda pública en renta que garantice una oferta suficiente, asequible y bien localizada para atender las necesidades habitacionales de la población.
- Sustentar un modelo de gobernanza metropolitana con rendición de cuentas permanente y participación social en el diseño de las políticas públicas de hábitat.
- Estructurar un entorno habitable que proteja las formas de vida tradicionales de los pueblos y barrios originarios, asegurando la habitabilidad de manera permanente en el territorio y con pertinencia cultural.
- Establecer tarifas sociales equitativas en servicios públicos para colonias, unidades habitacionales, pueblos y barrios originarios para evitar la acumulación de adeudos que pongan en riesgo el patrimonio familiar.
- Establecer un esquema de monitoreo continuo del mercado de arrendamiento temporal.
2. Integración de la vivienda y el espacio público al ecosistema urbano
Consolidación de barrios, colonias y unidades habitacionales habitables, sostenibles y bien conectadas a equipamientos de bienestar, mediante la reducción de vulnerabilidades e implementación de infraestructura verde y gestión hídrica.
Corto plazo · 2027-2033
- Establecer zonas de mitigación de riesgos y ejecutar obras prioritarias de estabilización de taludes y alumbrado público en asentamientos vulnerables
- Diseñar e instrumentar criterios técnicos y pilotos de vivienda con gestión hídrica y ecotecnias, priorizando su aplicación en desarrollos habitacionales públicos y sociales para demostrar viabilidad, ahorro de recursos y mejora de la habitabilidad
- Fomentar el diseño de barrios con conectividad de calles y vialidades para peatones y ciclistas, promoviendo la dotación de áreas verdes en zonas de alta densidad habitacional.
- Generar programas de mantenimiento estructural y mejoramiento de áreas comunes en unidades habitacionales existentes, promoviendo la corresponsabilidad y participación de los residentes, además de promover el respeto mutuo y la resolución armoniosa de conflictos.
Mediano plazo · 2034-2040
- Avanzar en la implementación de proyectos de mitigación de riesgo, control de erosión y sistemas de saneamiento alternativo en áreas naturales protegidas y de valor ambiental para aminorar la vulnerabilidad socioecológica del territorio.
- Establecer lineamientos obligatorios de incorporación de ecotecnias y manejo integral del agua en la producción habitacional, articulados con mecanismos de verificación, financiamiento y cumplimiento normativo en proyectos nuevos y de mejoramiento
- Desarrollar proyectos de regeneración urbana que integren la vivienda con equipamientos de abasto, recreación articuladores para peatones y transporte público no motorizado, y usos de suelo mixto para comercios y emprendimientos locales.
- Establecer esquemas de autogestión y mantenimiento preventivo para el equipamiento vecinal en unidades habitacionales, barrios y colonias.
Largo plazo · 2041-2047
- Fortalecer la sostenibilidad hídrica progresiva en el parque habitacional mediante la gestión integral del recurso hídrico y restringir de manera ordenada la expansión urbana sobre el suelo de conservación.
- Consolidación e implementación de normatividad de gestión integral del recurso hídrico y ecotecnias obligatorias en el desarrollo de vivienda como productora de habitabilidad.
- Articular un sistema de barrios integrales que asegure el acceso ordenado a la infraestructura urbana, coordinando de manera eficiente las inversiones de los sectores público y privado.
- Estructurar un modelo de unidades habitacionales integrales con equipamiento y servicios públicos eficientes.
3. Producción social del hábitat orientada al arraigo vecinal y comunitario y sostenimiento de la vida
Impulso a modelos de autogestión, cooperación y producción social del hábitat con asistencia técnica, financiamiento flexible y reconocimiento jurídico permanente
Corto plazo · 2027-2033
- Ampliación de la reserva territorial para producción de vivienda social priorizando a madres jefas de familia, jóvenes, indígenas y personas en situación de calle, e impulsar el acceso cooperativo a la vivienda así como el usufructo.
- Ejecutar diagnósticos territoriales participativos y agendas ciudadanas para identificar necesidades de obras comunitarias, rescatando la identidad barrial y promoviendo talleres de oficios locales.
- Otorgar subsidios directos para la adquisición de materiales y brindar asesoría técnica para la vivienda autoconstruida, integrando criterios de accesibilidad arquitectónica.
- Impulsar la generación de nuevas Unidades Habitacionales e incorporar lineamientos de diseño arquitectónico para consolidar la habitabilidad y accesibilidad
- Eliminar toda forma de discriminación para el arrendamiento o adquisición de vivienda para personas de la comunidad de la diversidad sexual.
Mediano plazo · 2034-2040
- Escalar la producción social de vivienda bajo esquemas regulados de derecho de uso y financiamiento asequible para sectores no asalariados, incorporando talleres de capacitación en regularización y derechos de propiedad.
- Establecer mecanismos eficientes de administración vecinal y mantenimiento preventivo que articulen los entornos habitacionales con el equipamiento local básico, optimizando los recursos existentes.
- Fortalecer la producción social del hábitat a gran escala mediante asistencia técnica especializada y diseño participativo, coordinando esfuerzos con colegios de profesionales y el sector empresarial de la construcción.
- Vincular los desarrollos habitacionales con el Sistema Público de Cuidados a través de espacios de salud y servicios comunitarios, y desarrollar vivienda adecuada con pertinencia cultural para pueblos y barrios originarios.
Largo plazo · 2041-2047
- Institucionalizar los modelos de vivienda comunitaria y propiedad cooperativa mediante un marco normativo sólido que prevenga desalojos y asegure el arraigo.
- Desarrollar un esquema de planeación metropolitana que valide los procesos comunitarios de producción social y fundamente un modelo de gobernanza democrática del hábitat con corresponsabilidad social.
- Articular redes de distribución y proveeduría de materiales a bajo costo en colaboración con el sector empresarial, optimizando los procesos de producción social sin generar nuevas cargas presupuestales al erario.
- Avanzar hacia un acceso habitacional adaptable y accesible que permita la autonomía de las personas mayores o con limitaciones físicas o sensoriales.
- Participar en una alianza internacional de ciudades por la vivienda asequible con el fin de compartir y aprender buenas prácticas en la materia.