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Buen gobierno y finanzas públicas

Hacia 2047: hacienda sólida, trámites digitales y mejores servicios.

La ciudad que soñamos en 2047

Hacienda sólida, trámites digitales y mejores servicios.

Para 2047, la Ciudad de México habrá consolidado el buen gobierno expresado en la confianza ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad institucional para atender de manera eficaz y oportuna las necesidades colectivas. La gestión pública continuará orientándose por los principios de igualdad sustantiva, no discriminación, sostenibilidad e interés público, mediante instituciones profesionales, transparentes y responsables, sistemas de datos abiertos, mecanismos de vigilancia ciudadana y la evaluación permanente de las políticas públicas. Estos avances se sustentarán en una sólida coordinación entre las instituciones del Gobierno de la Ciudad, los órganos autónomos, las alcaldías, la sociedad civil, la academia y la ciudadanía, fortaleciendo los mecanismos de evaluación, vigilancia y participación pública para brindar una atención digna, incluyente y con enfoque de derechos. La administración de los recursos públicos continuará sosteniéndose en una hacienda pública sólida, una gestión financiera responsable y una asignación estratégica del presupuesto, impulsada por una política fiscal sostenible y una inversión social estratégica como herramienta para el desarrollo territorial equitativo. Esto, orientado a fortalecer la prestación de servicios de calidad y contribuir a la reducción de las desigualdades territoriales. La profesionalización del servicio público, la transformación digital y la mejora continua de los procesos gubernamentales permitirán brindar una atención accesible, eficiente e incluyente. El fortalecimiento continuo de la capacidad financiera propia de la Ciudad, la sostenibilidad de las finanzas públicas, así como la gestión gubernamental honrada, eficiente y próxima, contribuirá al ejercicio efectivo del derecho a la buena administración, logrará una valoración ciudadana positiva sobre los servicios públicos y la confianza en el actuar gubernamental.

De dónde partimos

  • La Ciudad de México busca consolidar una administración pública honesta, responsable y profesional, bajo el principio de finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles, privilegiando la mejora de los servicios públicos, pero persisten áreas de oportunidad para simplificar y digitalizar los trámites.

  • La Ciudad es la entidad federativa con la mayor recaudación local y la única cuyos ingresos propios representan más de la mitad de los ingresos locales.

  • Se estima que en 2026 los ingresos propios representen 51.3% de los ingresos totales (GOCDMX, 2025).

Objetivo

El objetivo es consolidar una Ciudad de Buen Gobierno con Finanzas Públicas para el Desarrollo que garantice el derecho a la buena administración, al acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación y a una gestión pública orientada al bienestar colectivo. Para ello, se impulsa la rectoría pública, el fortalecimiento institucional, la transparencia, la integridad, la profesionalización del servicio público y una política fiscal sostenible que contribuya a reducir desigualdades sociales y territoriales, asegurar servicios accesibles y de calidad, y brindar una atención digna, incluyente y con enfoque de derechos para todas las personas. La solidez hacendaria y la inversión social estratégica son herramientas clave para el desarrollo territorial equitativo y sustentable. Por ello, se promueve una gestión responsable, planificada y eficiente de los recursos públicos. Dado que la eficacia y la eficiencia de los servicios públicos son condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos se procurará la profesionalización, innovación tecnológica y simplificación administrativa para eliminar las brechas burocráticas que históricamente han dificultado la interacción entre el Gobierno y ciudadanía. De esta manera, la Ciudad de México orientará la acción institucional a colocar el bienestar de las personas y la protección del medio ambiente en el centro de la toma de decisiones.

Introducción y estrategia general

Introducción

En la Ciudad de México un buen gobierno se define como el ejercicio de un servicio público ético y responsable, orientado a garantizar el derecho a una buena administración pública, cercana, cálida, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, que priorice el bienestar común. Con el principio de finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles se promueve la innovación y la mejora de los servicios públicos a la ciudadanía mediante el uso eficiente de la tecnología. Un buen gobierno desarrolla una función pública cercana, honesta, transparente, moderna y profesional que brinde servicios de calidad, rinda cuentas sobre la toma de decisiones y asegure la gestión financiera responsable, planificada y eficiente. Los principios de legalidad, objetividad, honradez, equidad y competencia por mérito, orientan la profesionalización, la modernización tecnológica y la simplificación administrativa, para consolidar un servicio público eficaz, eficiente, abierto y cercano a la población, receptor de confianza ciudadana.

Estrategia general

Impulso a un modelo de gobernanza democrática sustentado en la rectoría pública, la coordinación intersecretarial, la transparencia, la participación ciudadana, la innovación administrativa y una gestión hacendaria responsable y sostenible, que fortalezca las capacidades institucionales, promueva el uso estratégico de los recursos públicos y garantice la provisión equitativa de bienes y servicios para reducir desigualdades y mejorar el bienestar colectivo.

La ruta, paso a paso

Tres ejes estratégicos, con acciones en cada plazo. Estrategias del plan, pp. 91-94.

1. Gobierno transparente y honesto para fortalecer la centralidad de lo público

Fortalecer los mecanismos de transparencia para garantizar el derecho de acceso a la información, la vigilancia integral y la auditoría ciudadana de las acciones públicas y el uso de recursos.

Corto plazo · 2027-2033

  • Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de todos los entes públicos, contratos y obras públicas.
  • Impulsar la evaluación interna y externa de políticas públicas desde el enfoque de igualdad sustantiva, no discriminación e interseccionalidad mediante mecanismos de monitoreo de resultados y equipos evaluadores independientes.

Mediano plazo · 2034-2040

  • Garantizar la accesibilidad, funcionalidad, publicación oportuna de datos abiertos y uso de plataformas digitales para el acceso a la información pública.
  • Fortalecer la evaluación continua y codiseño para el desarrollo territorial de las políticas públicas integrando los sistemas de información pública y equipos evaluadores conformados por instituciones académicas y organizaciones sociales.

Largo plazo · 2041-2047

  • Consolidar la vinculación entre la transparencia, la participación ciudadana, la toma de decisiones basada en evidencia y la rendición de cuentas mediante un sistema de datos abiertos, oportunos y reutilizables plenamente integrado a la evaluación de la administración pública y la incorporación de registros y metodologías generadas por las organizaciones sociales en el territorio.
  • Garantizar la operación permanente y eficaz de las instancias ciudadanas para la vigilancia, seguimiento y observación de las actividades gubernamentales y uso de recursos en todas las etapas de la gestión pública, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y la rendición de cuentas, en apego a la normatividad de participación ciudadana, transparencia, acceso y socialización de la información.

2. Gestión pública y finanzas sanas, sustentables y sostenibles orientadas al bienestar y el desarrollo territorial sostenible desde la perspectiva del urbanismo ecosocial

Consolidar la solidez hacendaria, disciplina fiscal y cultura contributiva bajo criterios de equidad, garantizando la gestión estratégica del gasto público para la justicia social y territorial.

Corto plazo · 2027-2033

  • Impulsar la simplificación de los medios de pago de impuestos, derechos, contribuciones y otros instrumentos recaudatorios.
  • Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público.

Mediano plazo · 2034-2040

  • Garantizar la gestión responsable de la deuda para preservar la más alta calificación crediticia.
  • Fortalecer la integración de criterios de justicia fiscal y territorial en la política tributaria, evitando la doble tributación y el hostigamiento fiscal.

Largo plazo · 2041-2047

  • Consolidar la autonomía financiera y las finanzas sanas, sólidas, sustentables y sostenibles, fortaleciendo las capacidades técnicas, tecnológicas de la administración pública de manera permanente con mecanismos robustos de seguimiento, monitoreo y evaluación.
  • Consolidar la responsabilidad y eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos, priorizando el impulso al desarrollo sustentable, la reducción de la desigualdad y fortalecimiento de los servicios públicos.

3. Servicio público responsable, eficiente y con rendición de cuentas para fortalecer la Ciudad de los cuidados y los derechos humanos

Asegurar la profesionalización del servicio público con enfoque de derechos y vocación ética de servicio y fortalecer la digitalización y simplificación administrativa para mejorar la eficiencia y calidad de la gestión pública.

Corto plazo · 2027-2033

  • Capacitación masiva de servidores públicos en derechos humanos, igualdad sustantiva, no discriminación e interseccionalidad, rendición de cuentas y protección de datos personales.
  • Fortalecer la capacitación para las personas servidoras públicas en materia de gestión de la información y uso responsable de inteligencia artificial.

Mediano plazo · 2034-2040

  • Impulsar la transparencia en las contrataciones y mejoramiento de las condiciones laborales en el servicio público.
  • Garantizar tiempos de respuesta fiables en solicitudes y trámites digitales y presenciales impulsando la eficiencia en la atención, ventanillas únicas y mecanismos de retroalimentación ciudadana.

Largo plazo · 2041-2047

  • Consolidar la certificación y actualización permanente en competencias técnicas y derechos humanos.
  • Consolidar mecanismos de evaluación ciudadana al servicio público.